Frente a la impunidad exigimos justicia y memoria

Derechos Humanos

24 de Julio del 2015

La asociación de víctimas del 3 de marzo acudió la semana pasada a Bruselas con el objetivo de denunciar el asesinato de 5 obreros en 1976 en Vitoria-Gasteiz a manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado con motivo de una asamblea celebrada en la parroquia de San Francisco. Durante la visita las víctimas han entregado a la presidenta de Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo Cecilia Wikstrom un dossier con diversa información.

Entre los responsables institucionales que acompaña a los miembros de la asociación, se encuentra el alcalde de la capital gasteiztarra Gorka Urtarán y la portavoz de EH Bildu en el consistorio Miren Larrión. Por otro lado, la plataforma se reunirá con representantes del Parlamento Europeo con el propósito de obtener respaldos internacionales en la causa. En estos momentos, cuentan con el apoyo de fuerzas políticas como  PNV, EH Bildu, Podemos, IU, Iniciativa per Catalunya Verds y Compromis.


La asistencia realizada a Bruselas tiene el objetivo de trasladar a las instituciones europeas una queja en la que se denuncia la actitud del Gobierno central ante esta “masacre”. El colectivo pretende que desde instancias europeas se solicite a Madrid que ponga en marcha una investigación para que se clarifique lo que sucedió aquel día aplicando los principios de “verdad, justicia y reparación”.


En el documento se expresa la “impunidad que existe por parte del Gobierno español a la hora de detener y poner a disposición de la justicia a los responsables de este crimen”.


¿Qué sucedió el 3 de marzo de 1976?


En un contexto de huelga general tras la muerte del dictador Francisco Franco miles de trabajadores deciden emprender en enero una huelga general con el objetivo de luchar por mejores condiciones salariales. Dos meses más tarde los trabajadores, con motivo de la tercera huelga general convocaban una asamblea en la iglesia de San Francisco en el barrio de Zaramaga de la capital alavesa.


El cuerpo de la Policía, dirigido entonces por el ministro franquista y posterior presidente de honor del PP, Manuel Fraga Iribarne, se desplazo a la parroquia con el objetivo de desalojar a los miles de personas que se encontraban en el interior de ella realizando la asamblea. La actuación policial desencadenó el pánico de los congregados en el lugar y fue de carácter brutal saldando 5 muertos y más de 150 personas heridas.


La Ley de la Memoria Histórica


Tras cuatro décadas de dictadura franquista el Congreso de los Diputados de Madrid aprobó en 2007 la Ley de la Memoria Histórica con el propósito de reconocer y reparar el daño, la persecución y algunas de las vulneraciones de derechos humanos que sufrieron aquellas personas durante la dictadura franquista. Entre ellas se reconoce a las víctimas de la Guerra Civil Española (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y los dos próximos años, pero no la apertura de fosas entre las que puedan encontrarse restos de personas contrarias al bando nacional. La aprobación de esta ley no estuvo exenta de polémica, ya que contó con el rechazo del PP.


En 2011, con la victoria electoral del PP y la llegada de Mariano Rajoy al Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno español anunció la retirada de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Además, en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2013 y 2014 han quedado suprimidas todas las partidas económicas quedando está ley eliminada de facto por el Gobierno.


La valentía de la juez Servini frente a la impunidad del franquismo


Los sucesos acaecidos en Vitoria el 3 de marzo de 1976 demuestran la fuerza y la crueldad con la que el régimen actuó contra la población indefensa que se encontraba luchando por sus derechos pacíficamente. Sin embargo, además de la gravedad de estos hechos en la actualidad se puede constatar que el denominado “sistema democrático” sigue sin romper lazos con el franquismo. Después de casi cuatro décadas de la muerte de Franco, el principal problema que existe en nuestra sociedad es que algunos pretenden que todo lo acontecido durante la Guerra Civil y la posterior dictadura se borre de la memoria como si nada hubiera pasado. No hemos roto con nuestro pasado porque algunos han decidido que está prohibido hablar de ello.


La justicia en España es incapaz de juzgar el genocidio que se produjo en aquellos años. Gran muestra de ello, la juez María Servini ha venido desde Argentina a investigar sucesos como los de Vitoria además de otros crímenes que ejecutó el régimen franquista. Además se ha mostrado dispuesta a tomar declaración a los ex ministros franquistas que pudieran tener relación con crímenes y desapariciones durante la dictadura. Para ello, ha ordenado al Estado español la detención de estas personas y tomarles declaración en Buenos Aires.


Los imputados están acusados de tener responsabilidades en casos como los sucesos de Vitoria además de estar involucrados en el fusilamiento del anarquista Salvador Puig Antich en 1974 o de las ejecuciones en 1975 de los tres miembros del FRAP José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, y los militantes de ETA Jon Paredes “Txiki” y Ángel Otaegi.


Responsables de la matanza de Vitoria 


ALFONSO OSORIO GARCÍA


Ministro de Presidencia (1975-1977)


Frente a la impunidad exigimos justicia y memoria


 


RODOLFO MARTÍN VILLA


Ministro de Relaciones Sindicales (1976-1979)


Frente a la impunidad exigimos justicia y memoria


*Además, la juez María Servini ha ordenado la detención del capitán de la Policía Armada Jesús Quintana Saracíbar, acusado de dirigir el asalto a la parroquia de San Francisco.


 


Responsables de otros crímenes 


JOSÉ UTRERA MOLINA


Secretario Nacional del Movimiento tras la muerte de Carrero Blanco (20-12-1973)


Frente a la impunidad exigimos justicia y memoria


Se le acusa de firmar en 1974  la sentencia de muerte del anarquista catalán Salvador Puig Antich. Suegro del ex ministro de Justicia y ex alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón criticó la retirada de honores a Franco por parte del Ayuntamiento de Madrid en 2007 en un artículo en ABC.


LICINIO DE LA FUENTE


Ministro de Trabajo en 1973 con el almirante Carrero Blanco. Tras la muerte de este, Arias Navarro le mantuvo y le ascendió al cargo de vicepresidente tercero.


Frente a la impunidad exigimos justicia y memoria


Se le imputa haber convalidado la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974.


ANTONIO CARRO MARTÍNEZ


Subsecretario de la Presidencia (1974) durante la etapa de Arias Navarro. Fue vicepresidente segundo del Congreso como miembro de Alianza Popular (1982-1989)


Frente a la impunidad exigimos justicia y memoria


La juez Servini le imputa haber firmado en 1975  las sentencias de muerte de los tres miembros del FRAP José Humberto Baena, Jose Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, y los militantes de ETA Jon Paredes “Txiki” y Angel Otaegi.


FERNANDO SUÁREZ-GONZALEZ


Ministro de Trabajo en el periodo de Arias Navarro, en sustitución de Licinio de la Fuente.


Frente a la impunidad exigimos justicia y memoria


Al igual que al ministro Carro,  la juez Servini le imputa haber firmado las sentencias de muerte de los miembros de ETA político militar Txiki y Otaegi además de los 3 militantes del FRAP.


JOSÉ MARÍA SANCHEZ-VENTURA


Ministro de Justicia en el último gobierno de Franco durante la etapa de Carlos Arias Navarro.


Frente a la impunidad exigimos justicia y memoria


Se le acusa de haber firmado las últimas sentencias de muerte en el que se fusiló en 1975 a los tres miembros del FRAP José Humberto Baena, Jose Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, y los militantes de ETA Jon Paredes “Txiki” y Ángel Otaegi.


*Entre otras persona la juez Servini ha ordenado la detención de Jesús Cejas Mohedano, Carlos Rey González, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Pascual Honrado de la Fuente, Benjamín Solsona Cortés, Jesús Martínez Torres, Atilano del Valle Oter, Abelardo García Balaguer, Antonio Troncoso de Castro y Félix Criado Sanz.


 


Mientras la juez Servini intenta hacer justicia investigando los crímenes del franquismo, el Gobierno de España se encarga de poner obstáculos encima de la mesa impidiendo que se conozcan las identidades de los responsables políticos de atrocidades cometidas como las de Vitoria. La jurista argentina solicitó el pasado 30 de octubre la detención y extradición de estos ex altos cargos durante la dictadura y el pasado 12 de noviembre el Ejecutivo español recibió una orden de la Interpol. Según el ministro de Justicia, Rafael Catalá, los delitos que se les imputa a estas personas “están prescritos en España” y “por la ley de amnistía de 1977”. Estas declaraciones demuestran la nula voluntad del PP y su gobierno. En otros países democráticos esto no sucedería. Como muestra de ello, tenemos el ejemplo de Alemania ya que la semana pasada la Audiencia de Lunenburg condenó a 4 años de cárcel al ex oficial nazi Oskar Groning tras haber admitido su complicidad en la muerte de 300.000 judíos en los campos de concentración de Auschwitz.


Por tanto, queda reflejado que la “democracia” española sigue desvincularse del sistema franquista mientras otros países como Alemania han dado el paso. En un acto judío celebrado en Berlín, la canciller Angela Merkel condenó el antisemitismo manifestando su deseo de que “los judíos se sientan seguros en Alemania para que perciban que es nuestra casa común”.


El trato y la marginación a la que se encuentran sometidas las víctimas de la matanza del 3 de marzo en Vitoria por el Gobierno español son el gran ejemplo de la impunidad que existe. 


 


"La calle es mía”


Cuando Manuel Fraga murió en 2012 algunos miembros de la clase política española se deshicieron en elogios hacia el fundador de AP y posterior presidente de honor del partido que actualmente gobierna España. Esta persona en 1976 desempeñaba funciones como ministro de la Gobernación coincidiendo con los brutales sucesos de Vitoria. El derecho de reunión, de manifestación y de huelga se encontraban totalmente censurados, a pesar de que los diversos sindicatos comenzaron a convocar huelgas en toda España. Gran muestra de ello, representan las huelgas realizadas por los trabajadores en Vitoria. Fraga se encargo de oprimir aquellas movilizaciones bajo el lema “la calle es mía” enviando a los grises a la iglesias donde se congregaban miles de trabajadores en el barrio de Zaramaga.


Frente a la impunidad exigimos justicia y memoria


El objetivo no es otro que el de recordar a las personas que perdieron la vida en aquella masacre y en las posteriores movilizaciones que se celebraron para denunciar la brutalidad policial transcurrida en Vitoria y en otras ciudades.


Frente a la impunidad exigimos justicia y memoria


*De izquierda a derecha, Romualdo Barroso (19 años), Pedro María Martínez Ocio (27 años), Francisco Aznar (17 años), José Castillo (32 años)  y Bienvenido Pereda (30 años); en segundo lugar Juan Gabriel Rodrigo (19 años) y Vicente Antón Ferrero (18 años) ejecutados en las movilizaciones de protesta llevadas a cabo en Tarragona y Basauri.


Es necesario demandar justicia con el propósito de que todas aquellas personas relacionadas con esta y otro tipo de vulneraciones de derechos humanos asuman su responsabilidad evitando que toda actitud totalitaria quede impune.


Finalmente, en cualquier sociedad civilizada la memoria es necesaria. Debemos recordar a las víctimas sin caer en su olvido para que sucesos de este tipo no se vuelvan a producir. 





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